Resumen: INCAPACIDAD TEMPORAL. DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, reclamada por los Reales Decretos de declaración de estado de alarma 463/2020 y 926/2020, y sus correspondientes prórrogas, se rechaza ya que fuerza mayor puede operar como supuesto de exención de responsabilidad patrimonial en relación con determinados daños directamente imputables a la pandemia COVID-19, pero no cuando se deducen de la actuación de los poderes públicos, si bien en este caso, como se ha razonado en la sentencia, la actividad administrativa desarrollada fue razonable y proporcionada a la situación existente por lo que no generó responsabilidad.
Resumen: La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, reclamada por los Reales Decretos de declaración de estado de alarma 463/2020 y 926/2020, y sus correspondientes prórrogas, se rechaza ya que la fuerza mayor puede operar como supuesto de exención de responsabilidad patrimonial en relación con determinados daños directamente imputables a la pandemia COVID-19, pero no cuando se deducen de la actuación de los poderes públicos, si bien en este caso, como se razona en la sentencia, la actividad administrativa desarrollada fue razonable y proporcionada a la situación existente por lo que no generó responsabilidad. Por otro lado, el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 (147) sobre los estados de Alarma, Excepción y Sitio. no establece un nuevo y singular sistema de responsabilidad patrimonial de naturaleza objetiva.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de las solicitudes de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: DESPIDO. EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: ASISTUR ASISTENCIA, S.A. CONFLICTO COLECTIVO, MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES DE TRABAJO. INCONGRUENCIA. MANTENIMIENTO TICKET RESTAURANTE TRABAJADORES MEDIA JORNADA, TELETRABAJO. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: La Sala examina los antecedentes de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19 y las medidas normativas adoptadas al efecto, abordando la cuestión referida a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador a partir de las SSTC 148/2021 y 183/2021, que declaran la inconstitucionalidad parcial de las disposiciones que acordaron el estado de alarma y sus prórrogas. Señala que tales medidas estaban dirigidas a distintos y amplios sectores de actividad y, por tanto, dotadas del suficiente grado de generalidad para encuadrarlas en la categoría de cargas colectivas, además de ajustarse al principio de precaución o cautela (que comporta una inversión de la carga de la prueba) ante situaciones de riesgo para la salud pública. Y se adoptaron de acuerdo con el conocimiento científico de la pandemia existente entonces, por lo que su enjuiciamiento ha de hacerse conforme al criterio jurisprudencial de no retrospección (cláusula del sesgo retrospectivo anglosajona). No cabe alegar que el art. 3.2 de la LO 4/1981 establece un régimen especial (que exoneraría de la antijuricidad del daño y la fuerza mayor) contrapuesto al general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En consecuencia, las medidas adoptadas por los poderes públicos se dirigieron a limitar los efectos de una pandemia -imprevisible e inevitable-, siendo desarrolladas de manera razonada y proporcionada a la situación existente, por lo que no se generó responsabilidad.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala del TS examina si la simple autoatribución de una finalidad como objeto asociativo en los estatutos de una asociación es suficiente para reconocerle un interés legítimo para recurrir actuaciones administrativas que no le afecten directamente, concluyendo que carece de consecuencias prácticas porque no puede decirse que la asociación Liberum haya sufrido agravio alguno como consecuencia de que se haya apreciado su falta de legitimación. Respecto la incompetencia del órgano administrativo, la Consejería de Sanidad para adoptar la smedidas de COVID cuestionadas (pasapartote covid), se indica que no se ha argumentado nada sustantivo en el recurso de interposición, y se añade que, la exigencia de autorización judicial previa es inexigible tras la STC 70/2022. Además, siguiendo la resolución administrativa mencionada como fundamento, dista de ser evidente que la Consejería de Sanidad fuese incompetente para adoptar las medidas sanitarias aquí discutidas. Ello resulta, además, plenamente conforme a lo que esta Sala ha resuelto en otros casos recientes sobre medidas sanitarias adoptadas al margen de los estados de alarma. Véanse, en este sentido, nuestras sentencias nº 532/2023 y 1283/2023.
